Naftas, controles e inflación
Ningún control estatal surtirá efecto si el mismo Estado no es capaz de controlar las demás facetas de la economía que originan el alza constante de los precios.
Ha impactado muy fuerte en la sociedad argentina el último incremento en los combustibles. El precio de la nafta Premium ha traspasado la barrera simbólica de los 100 pesos, lo que explica la sensación generalizada de que la inflación va camino a crecer de manera importante y de que las previsiones de los que manejan los resortes de la economía nacional se irán por la borda en poco tiempo.
El bolsillo de los consumidores siente de manera brutal este incremento. Que sin dudas se trasladará también a otros precios de la economía, con lo que el alza del costo de vida lejos estará de ser controlado, al menos en los meses subsiguientes. Como es de esperar, el debate político pasó también por este tema y las críticas de la oposición y de sectores cercanos al gobierno nacional no se han hecho esperar. Para peor, sin muchas explicaciones oficiales, el aumento permanente del valor de los combustibles en los últimos tiempos ha complicado la recepción de la información y se ha convertido en otro ingrediente del malestar ciudadano. La necesidad de "mantener con vida" a YPF parece estar en el centro de la cuestión, aun cuando ningún funcionario lo admitirá públicamente.
Mientras esto ocurre con las naftas, y en medio de un desbarajuste macroeconómico evidente originado por un déficit fiscal elefantiásico, el gobierno anunció que creará un sistema de monitoreo de precios y stocks que alcanzará a casi 1000 empresas grandes en distintos rubros y que tendrá como objetivo, según aseguran fuentes oficiales, "tener alertas tempranas" ante casos de posible desabastecimiento de productos al consumidor final o de insumos.
El esquema llevará como nombre Sipre (Sistema Informativo para la Implementación de Reactivación Económica) y dependerá de la Secretaría de Comercio. A grandes rasgos, el Sipre exigirá a un grupo de empresas consideradas "grandes" según su nivel de facturación anual, que presenten todos los meses información sobre precios, cantidades vendidas de bienes finales e intermedios y de stock. Con esta información el Poder Ejecutivo cree que podría llevar adelante, eventualmente, "acciones para prevenir situaciones de faltantes o escasez de oferta de insumos y bienes finales".
No sorprende que en la Argentina se implementen viejas y fracasadas recetas para solucionar los mismos añejos y desgastantes problemas. El control de precios es uno de ellos. La historia del país, pero también de la humanidad demuestra que ha sido siempre improductiva una política que apueste a la vigilancia y no contemple el ataque a los desajustes fiscales o a otras variables macroeconómicas que son la base del problema inflacionario.
Los controles de precios nunca han surtido efecto duradero. En un libro titulado "4000 años de control de precios y salarios", sus autores, los economistas Robert Schuettinger y Eamonn Butler, reseñaron varias etapas de la historia de la humanidad acerca del tema. Por ejemplo, destacaron que en la Atenas del Siglo de Oro al gobierno se le ocurrió crear un ejército de inspectores para controlar que los precios de los granos fueran justos. El propio Aristóteles aprobaba esta política al decir que el gobierno tenía que velar porque el grano fuera vendido en el mercado a un precio justo. Pero aún bajo amenaza de pena de muerte, que muchas veces recayó sobre los propios inspectores que no podrían hacer cumplir la ley, el mecanismo se presentó como un fracaso absoluto ya que el precio de los granos continuó subiendo cuando la oferta era menor a la demanda.
Historias mucho más cercanas en el tiempo y en la geografía permitirían demostrar que los controles nunca han sido satisfactorios para contener la inflación. La Argentina de las últimas siete décadas es un ejemplo concreto. Ningún control estatal surtirá efecto si el mismo Estado no es capaz de controlar las demás facetas de la economía que originan el alza constante de los precios.