El trabajo en las cárceles
Las declaraciones del gobernador de Mendoza abrieron un debate de larga historia en nuestro país.
Una saludable discusión volvió a instalarse en varias provincias del país luego de que el gobernador de Mendoza anunciara que remitirá a la Legislatura un proyecto de ley para obligar a los presos a trabajar mientras estén cumpliendo condena. Más aún, la intención es que los beneficios a los que accedan los internos de los presidios mendocinos, como reducción de penas o salidas transitorias, estén atados a ese desempeño laboral.
El mandatario cuyano, en la apertura de sesiones de la Legislatura provincial sostuvo que pretende "terminar con las cárceles de 'máxima ociosidad', donde la permanencia inactiva de los presos en el penal se convierte en un privilegio". Luego cargó sobre sus adversarios de la mano blanda: "La jurisprudencia conocida como 'garantista' hizo que hasta ahora la ley fuera el piso de los derechos para las personas privadas de la libertad: cada vez se les otorgó más y más ventajas, de manera que el trabajo dejó de ser una obligación y se convirtió sólo en una opción".
Lo cierto es que el debate sobre si los condenados por delitos de cualquier índole deben cumplir con obligaciones laborales es bastante antigua. Muchos de quienes se oponen a la obligatoriedad recitan leyes nacionales que establecen la prohibición de coaccionar contra los reclusos en este tema. Por cierto, esta disposición existe en las normas que determinan la ejecución de las penas en el ámbito nacional. Y si bien la propuesta del gobernador mendocino no para nada novedosa, será entonces tema de juristas establecer si las provincias pueden determinar otras reglas. De todos modos, convendría también impulsar modificaciones en las leyes nacionales que regulan los procesos carcelarios, en virtud de que puede alegarse obsolescencia de algunos artículos, a la luz de los acontecimientos actuales.
El proyecto propone que los presos trabajen en recuperación de mobiliario estatal (escritorios, bancos escolares, estantes), refacciones varias para el Estado, la cosecha en la granja penal y, en caso de que aparezcan, contratos privados, también se incluirían. Incluso trascendió que hay una empresa interesada en trabajar chapería del automotor con los presos mendocinos.
La opinión que se asoma como mayoritaria sería la de impulsar en todas las provincias un régimen de trabajo carcelario similar, puesto que la ciudadanía observa como un privilegio el hecho de que los presos no trabajen y su reinserción social tenga costos altísimos para los Estados.
En este punto, la contradicción de ciertas posturas que se califican como garantistas es evidente. Por un lado, culpan a los sistemas socioeconómicos generadores de marginación y exclusión como responsables del incremento de la delincuencia, lo que tiene asidero. Por el otro, expresan dudas y hasta se oponen a la obligatoriedad de tareas dentro de la cárcel y no comprenden que la mejor manera de resocializar a una persona es a través del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y del aprendizaje de un oficio que debe estar incluido en esta obligatoriedad de trabajar que se propone.