Cambios necesarios para nuevos horizontes
La presentación del proyecto de ley para que el ingreso de los empleados a los entes descentralizados del Estado cordobés se haga por concurso, asoma como una iniciativa que busca terminar con privilegios que irritan y dar paso a relaciones laborales más eficientes, justas y adecuadas.
Dos noticias han sacudido la realidad del Estado en la provincia de Córdoba. Por un lado, la decisión de la Epec de denunciar el convenio colectivo de trabajo de sus empleados que data de la década de los años 70. Por el otro, la presentación del proyecto de ley para que el ingreso de los empleados a los entes descentralizados del Estado cordobés se haga por concurso.
Ambas iniciativas han generado un lógico clima de tensión en algunos gremios, como el de Luz y Fuerza, cuyo rígido convenio laboral tiene cláusulas que chocan de frente con las intenciones de cambio que promueven las autoridades actuales para la Epec, el Banco de Córdoba y otros organismos que están fuera del área central de la administración.
No obstante, la discusión es bienvenida. Porque se hace necesario encontrar parámetros modernos y adecuados para que rijan las relaciones laborales en el Estado. Desde hace años se cuestiona fuertemente las condiciones a las que se accede al empleo público y los lineamientos que lo regulan, por lo que las iniciativas del gobierno cordobés son atinadas, aun cuando generen tensión y posiblemente algún sacudón en materia de conflictos gremiales.
La más fuerte de las apuestas está en la denuncia del convenio colectivo de trabajo de los empleados de Epec. Ya el gremio de Luz y Fuerza se ha movilizado y plantea medidas de acción directa para evitar que se pierdan lo que sus dirigentes denominan "conquistas laborales". Sin embargo, estas supuestas conquistas establecen privilegios que hoy es imposible admitir y que fueron consecuencia de otro tiempo del país. Es más, provocan irritación e irascibilidad en buena parte de la población cordobesa.
En cuanto al ingreso por concurso, quizás sea la disposición más acertada para terminar con los abusos y las prebendas en el acceso al empleo estatal. Una norma similar ya existe para los concursos en la administración central. Según la ley 9.361, "todo ciudadano tiene el derecho de ingresar a la administración pública provincial, previo concurso público". La ley establece que durante el concurso, entre aquellos aspirantes que obtuvieran igualdad de puntaje, prevalece aquel con mejor calificación en la prueba de conocimiento y, "en caso de subsistir la igualdad, habrá una prueba complementaria entre ellos". Trasladar, con los matices diferenciales que sean necesarios, estas disposiciones a los entes descentralizados es una buena decisión.
En definitiva, los cambios propuestos seguramente originarán remezones importantes, pero asoman como necesarios para terminar con privilegios que irritan y dar paso a relaciones laborales más eficientes, justas y adecuadas.