Tres miradas sobre el impacto de la expropiación de Vicentin
La intervención de la gran cerealera santafesina que entró en cesación de pagos al no poder afrontar compromisos asumidos con productores agropecuarios, genera rechazos por parte de ejecutivos de distintos rubros de nuestra ciudad.
Tres ejecutivos de diferentes rubros, reflexionaron sobre la estatización de Vicentin a la que rechazaron de cuajo.
En diálogo con LA VOZ DE SAN JUSTO, los empresarios Ércole Felippa y Alejandro Roasso y el notario Federico Jorge Panero analizaron temas como la responsabilidad empresarial en la crisis, el rol de los bancos, rubros estratégicos, seguridad alimentaria y el impacto en la confianza del mundo.
Dejaron en claro qué piensan y coincidieron en que avanzar en una expropiación del Grupo Vicentin es la alternativa menos conveniente.
Ante la pregunta sobre si la expropiación es la única opción, Felippa aseguró que "claramente no, porque la compañía estaba analizando otras alternativas con empresas nacionales y otros inversores como YPF".
"La expropiación es la alternativa menos conveniente en este caso por todos los efectos negativos que genera expropiar una empresa", sostuvo el titular de la cooperativa láctea Manfrey.
"A mí me tocó asumir el control de una empresa administrada por el Estado y las cosas que se tuvieron que hacer para dejarla más o menos en condiciones fueron asombrosas. El Estado nunca ha demostrado ser un buen gestor manejando empresas", añadió quien vivió la representación estatal en una empresa pública, como exinterventor en la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea).
"No soy experto en eso, pero sí creo que la expropiación es siempre una mala opción, salvo casos que sean muy justificados -aportó Roasso, director de ZF Argentina -. La expropiación no es algo que habitualmente se haga en las economías y menos para este tipo de empresas. Entiendo que esta es una cuestión de una empresa privada con acreedores privados que se tenía que arreglar de otra manera".
Un signo de preocupación
En cuanto a si el accionar del Gobierno sobre el tema Vicentín podría replicarse en otras empresas, Felippa opinó que "seguramente que sí" y al igual que Roasso, reconoció preocupación por ello.
"Preocupa los antecedentes que esto crea en un contexto donde muchas empresas están en una situación financiera delicada, con deudas ante los bancos oficiales. Indudablemente, este no es un buen precedente -dijo el referente de la industria alimentaria-. Seguramente el Estado no se va a quedar con una pyme sino que le interesará más aquellas empresas que tengan peso específico en un determinado sector. En otras expropiaciones como Aerolíneas e YPF vemos que los resultados no fueron diferentes.
"Ojalá que no suceda, pero este es un alerta importante y se ve con un signo de preocupación. Estoy notando que en las últimas décadas hay un sesgo antiempresario cada vez más grande, una confusión generalizada en cuanto al rol de las empresas privadas y el Estado y creo que allí puede darse pie a que algunos más ideologizados entiendan que este es un camino que puede repetirse en otros casos", indicó Roasso.
El director general de la empresa de capitales alemanes radicada en San Francisco siguió diciendo que "el Estado ha demostrado durante décadas que es un mal administrador de la cosa pública y no entiendo por qué debemos pensar que si no es capaz de brindar salud, educación y seguridad de manera correcta, pueda tener buenos resultados administrando una empresa".
"El Estado nunca ha demostrado ser un buen
gestor manejando empresas. Con Vicentin el Gobierno tomó una decisión
apresurada. Hay que salvar a la empresa y resguardar los puestos de trabajo
pero para eso hay un proceso jurídico que respetar"
Ércole Felippa
-Otra opción es la extranjerización, total o parcial, pero esto, ¿no concentraría aún más el comercio de granos y la oferta de dólares en la Argentina? Habría más empresas extranjeras.
-Ércole Felippa: Es cierto que no es bueno que empresas de estas características estén en manos extranjeras pero no es de esta forma como se evita eso. El proceso de extranjerización de empresas se vivió como nunca en el gobierno kirchnerista. Si lo que se quiere lograr es el desarrollo de empresas nacionales, hay que crear las herramientas necesarias para que estas puedan crecer sin fundirse y que luego termine llegando capital extranjero.
-Alejandro Roasso: No veo cuál es el problema de que haya más empresas extranjeras. Lo que se necesita son inversiones. Las empresas foráneas no son ni buenas ni malas, sino que deben tener un marco regulatorio apropiado pero de ninguna manera debe imperar el temor de una posible extranjerización porque es muy discutible. El Estado se muestra como una alternativa pero mostró ser ineficiente en sus cuestiones básicas y ahora pretende tomar esto en sus manos. Este tipo de políticas genera incertidumbre jurídica y un riesgo que debilita cada vez más al país.
-¿Les preocupa el modo y la forma como el Gobierno tomó la decisión?
-Felippa: Creo que la manera no es la adecuada. La empresa estaba en concurso de acreedores con la intervención de un juez y un síndico nombrado por los acreedores. Con esta actitud, el Gobierno traspasó el límite de los poderes porque la Justicia ya estaba actuando y sin embargo el Ejecutivo nombró un interventor y decidió la expropiación.
-Roasso: Me preocupa porque no fue claro al explicarlo desde el primer argumento de la soberanía alimentaria cuando esta empresa ni siquiera produce ya que se dedica a la comercialización de granos. Me preocupa también que pueda haber una confusión en tiempos de la pandemia, ya que como ocurrió en todos los países del mundo, el gobierno tuvo que ayudar a las empresas del sector privado porque los privados son los que generan los recursos para mantener al Estado. Si se cree que por esa ayuda excepcional estatal por el covid -19 a las empresas privadas el Estado es imprescindible y eso le da derecho a expropiarlas, sería un problema muy serio.
-Felippa: En estos casos son dos caminos paralelos. Por un lado, la Justicia llevando adelante el proceso concursal de la firma y por otro, la empresa, que en conjunto con los acreedores debería ir buscando alternativas de capitalización o de realización de activos para que los acreedores puedan cobrar.
-Roasso: El Estado argentino es un generador sistemático de obstáculos para el sector empresario y de ninguna manera el mismo Estado puede ser el que solucione esto.
"El Estado se muestra como una
alternativa pero mostró ser ineficiente en sus cuestiones básicas y ahora
pretende tomar esto en sus manos. Este tipo de políticas genera incertidumbre
jurídica y un riesgo que debilita cada vez más al país. Esta es una pésima
señal".
Alejandro Roasso
- ¿Es una señal contraria a la necesidad de recrear la confianza en Argentina?
-Felippa: Sí. Nuestra economía viene golpeada antes de la pandemia y hoy, más que nunca, la Argentina necesita generar un clima amigable de negocios. La economía funciona por expectativas y cuando no se genera un clima de confianza, es muy difícil que vengan inversores no solo de afuera sino internos.
-Roasso: Totalmente. Este tipo de acciones no son las que se requieren para incentivar el ánimo de cualquier emprendedor que esté pensando en poner una inversión en la Argentina. Esta es una pésima señal.
-¿Qué responsabilidad y rol jugaron los bancos?, tanto el Nación como los privados, que otorgaron créditos.
-Felippa: En este caso es fundamental analizar las condiciones en las que se otorgaron los préstamos y si se respetaron las debidas garantías para su obtención. Sabemos que para una pyme o una empresa pequeña hay muchas dificultades para acceder a financiamiento por el tipo de garantía que se exige. Sorprende, si es como dice la prensa, que a Vicentín se le dio semejante cantidad de dinero sin ningún tipo de garantías (el Banco Nación le reclama más de $18 mil millones y un pool de la banca internacional privada, $33 mil millones).
-Roasso: Con el diario del lunes cualquiera puede decir que el rol fue equivocado y que los últimos préstamos no deberían haberse dado. Se nota que hubo algún problema pero sería irresponsable opinar sobre esto porque habría que contextualizar el momento en que esos préstamos fueron dados.
- ¿Y la responsabilidad empresarial en la crisis?
-Felippa: En todo esto le cabe una cuota de responsabilidad a la empresa porque muchas veces no se miden adecuadamente los riesgos o porque se toman decisiones equivocadas. La actividad empresarial es una entidad de riesgo pero de alguna manera hay que tener acotado y medido ese riesgo.
-Roasso: Seguramente hubo responsabilidad empresarial viendo el resultado al que se llegó.
-Se citan conceptos como "empresas estratégicas" y "seguridad alimentaria".
-Felippa: Me parece que es un disparate plantear el tema de la seguridad alimentaria para expropiar una empresa, teniendo en cuenta que exporta materia prima para elaboración de alimentos para ganado. El país produce alimentos para 400 millones de personas y somos 40 millones y aun así el 50 % de la Argentina está bajo el nivel de la pobreza. Tendremos que preguntarnos por qué en un país con tanta producción de alimentos su población tiene grandes dificultades para acceder a los mismos.
-Roasso: No, para nada. Este tipo de empresas no es estratégica. Es preocupante que si Vicentín es declarado de interés público en función de alguna cuestión estratégica seguramente puede haber muchas empresas más que puedan ser declaradas de igual manera y estar susceptibles a que la voracidad del Estado las destroce también.
-De acuerdo a la experiencia en cuanto a todas las participaciones del Estado, ¿cómo cree que será esta?
-Felipa: A mí me tocó asumir el control de una empresa administrada por el Estado (Fadea) y las cosas que se tuvieron que hacer para dejarla más o menos en condiciones fueron asombrosas. El Estado nunca ha demostrado ser un buen gestor manejando empresas.
-Roasso: Para mí, no hay experiencias positivas en la participación del Estado. No conozco empresas donde el Estado haya sido eficiente en su administración y no creo que esta sea la excepción.
-Felippa: Es difícil poder saber cómo termina esta historia. Creo que la empresa va a resistir aunque sabemos que muchas veces la Justicia no actúa con independencia de criterios sino más bien en función de tiempos políticos. Por otro lado, el nivel de dependencia de los legisladores de provincias involucradas hace que tengan que votar más por la necesidad de los lugares que representan que por convicción propia.
-Roasso: Creo que seguramente va a terminar costándole a todos los contribuyentes una indemnización muy grande para Vicentín porque no le encuentro justificativo legal para que no sea así y significará una señal negativa más para la inversión.
-Las cámaras empresarias pidieron una intervención acorde a la ley y respetando el derecho de propiedad. ¿El Gobierno vulnera este principio?
-Felippa: Desde las entidades empresarias venimos planteando mediante comunicados, notas y reuniones que en este caso el Gobierno tomó una decisión apresurada. Todos coincidimos en que hay que salvar a la empresa y resguardar los puestos de trabajo pero para eso hay caminos legales y un proceso jurídico que respetar. La empresa tiene mecanismo para negociar con acreedores o posibles socios para lograr la incorporación de capital y solucionar el problema. Que el Estado salga a decir que interviene cuando hay un juez actuando y que luego va a enviar un proyecto de ley para expropiar, genera un mal clima de negocios que no ayuda para nada a la confianza en el país y de esa manera se puedan obtener dólares de forma genuina.
-Roasso: Entiendo que sí. Concuerdo con la posición de las cámaras empresarias porque Vicentín no es una empresa que aprovechó el momento para obtener beneficios pasajeros. Es una empresa de 90 años con conocimientos bien sólidos que se desarrolló de una buena manera y encuentro pocos justificativos legales para que esto se haga.
"Sobran los ejemplos de desmanejo y corrupción"
"Mal podemos confiar en el éxito de la administración estatal de una empresa privada, cuando sobran los ejemplos de desmanejo y corrupción: Aerolíneas Argentinas, AySA, Correo Argentino, YPF, Tandanor, Fadea, etc., todas deficitarias". Así lo aseguró el notario Federico Jorge Panero, de extensa trayectoria en nuestra ciudad, al reflexionar sobre la estatización de Vicentin a la que rechaza de plano.
A continuación, el profesional de nuestra ciudad planteó 11 puntos en sus consideraciones:
1) El DNU 522/2020 (decreto de necesidad y urgencia número 54 durante la Pandemia, récord institucional en el país) dispone la "ocupación temporánea por 60 días" de la empresa, fundado en los artículos 57, 59 y 60 de la ley 21.499 promulgada el 17 de enero de 1977 durante la última y trágica dictadura militar.
2) La empresa se encuentra en un proceso de concurso preventivo previsto y regulado por la legislación vigente en el país, cuando un determinado deudor atraviesa dificultades financieras, poseyendo suficiente patrimonio para afrontar sus deudas, pero atravesando dificultades temporáneas con el denominado "flujo de fondos". En este sentido, cabe puntualizar que según información coincidente de diversas fuentes, el activo del grupo empresario duplica y hasta triplica el monto del pasivo empresarial.
3) Al haberse presentando en concurso preventivo, automáticamente todo su accionar empresarial se encuentra supervisado, controlado, por el Juzgado interviniente -en este caso de la ciudad de Reconquista, Santa Fe- quien lo hace en especial a través de un síndico, o sea un profesional especialista extraído de una lista pública y elegido por sorteo. Es decir que la legislación vigente prevé los mecanismos para la defensa de todos los intereses en juego, garantizados por la intervención de la Justicia, en el marco de respeto de las instituciones de la República.
4) Vicentín es una empresa con domicilio en jurisdicción de la provincia de Santa Fe, razón por la cual el poder de policía, de contralor de sus actividades, lo tiene la autoridad de aplicación, que es el Gobierno santafesino.
"Mal podemos confiar en el éxito de la
administración estatal de una empresa privada, cuando sobran los ejemplos de
desmanejo y corrupción: Aerolíneas Argentinas, AySA, Correo Argentino, YPF,
Tandanor, Fadea, etc., todas deficitarias".
5) De todo lo cual deviene que el DNU 522/2020 es manifiesta y groseramente inconstitucional, circunstancia gravísima porque, en especial, el Poder Ejecutivo se arroga y ejerce facultades judiciales y facultades legislativas, destruyendo el principio vigente en el mundo desde hace más de 400 años, de división de poderes.
6) La empresa Vicentín, por información pública por todos conocida, ha continuado abonando, puntualmente, todos los sueldos de sus empleados, hasta el día de la fecha.
7) El valor de la producción que paga a los pequeños y medianos productores por el cereal que recibe se encuentra garantizado y libre de abusos, toda vez que el precio se fija en el Mercado de Chicago (USA), en dólares estadounidenses, percibiéndolo el productor con las gravosas deducciones que le fijara el Estado nacional. Precisamente, la defensa al pequeño y mediano productor está en la transparencia de un mercado internacional y no en la intervención del Estado que se queda con el grueso de su trabajo.
8) Si ha habido irregularidades en el otorgamiento de créditos, líneas de financiación, manejo empresario, etc., para ello está la Justicia Penal para investigar.
9) Mal podemos confiar en el éxito de la administración estatal de una empresa privada, cuando sobran los ejemplos de desmanejo y corrupción: Aerolíneas Argentinas, AySA, Correo Argentino, YPF, Tandanor, Fadea, etc., todas deficitarias.
10) En la Argentina, conforme nuestra Constitución Nacional, para expropiar un bien, empresa, inmueble, etc., además de su declaración de utilidad pública, el Estado debe pagar su precio a sus propietarios (en este caso y conforme información pública coincidente, su valor excedería los mil millones de dólares), dándose así otra paradoja que con maestría graficara Roberto Cachanovsky: alguien en situación de concurso preventivo (el Estado argentino, en pleno default de su deuda pública), "rescatando" a una empresa concursada.
11) La mejor defensa de todos los intereses en juego se ejerce con el respeto irrestricto de la Constitución Nacional, de los tratados internacionales que constituyen derecho vigente en nuestro país, y con todas las leyes dictadas en su consecuencia, no con su flagrante violación como propone este DNU. Sin Instituciones no hay República y sin República, las declaraciones, derechos y garantías que nos otorga la Constitución Nacional, desde hace más de 150 años, se encuentran en serio riesgo de subsistencia, acelerando además el camino hacia una mayor pobreza y exclusión social.
El "banderazo" contra la expropiación de Vicentin ya tiene fecha confirmada en San Francisco
Bajo el lema "Hoy Vicentin. Mañana sos
vos", llaman a una movilización el próximo sábado 20 de junio en la Plaza
Cívica desde las 16 en defensa de la empresa cerealera. Desde la agrupación conocida Campo +
Ciudad" convocan a través de las redes sociales a los vecinos a participar de
un "banderazo federal en defensa de la propiedad". Movilizaciones similares se vienen
replicando en otras partes del país en rechazo a la expropiación de la empresa
y en apoyo para que el proceso continúe por la vía judicial.Habrá "banderazo" en San Francisco