Inédita condena y reparación para víctimas de trata en Córdoba
Un ladrillero fue encontrado culpable de explotar a 29 personas, entre ellas varios niños. Además de una pena de ocho años de cárcel, deberá indemnizar con su predio, sus vehículos y dinero en efectivo.
La Justicia Federal de Córdoba condenó a ocho años de prisión a un hombre por explotar laboralmente en un cortadero de ladrillos de las afueras de la capital provincial a 29 personas, la mayoría de ellos de nacionalidad boliviana, además de obligarlo a indemnizarlas.
El fallo contra un hombre identificado como Roberto Cabrera fue dictado por el Tribunal Oral Federal cordobés que tuvo como única integrante a la jueza María Noel Costa.
Cabrera fue considerado autor penalmente responsable del delito de trata de personas agravada y permanencia ilegal de extranjeros.
Se concluyó que la explotación se llevaba a cabo en un predio en el que funcionaba un cortadero de ladrillo, a la altura del kilómetro 5 de la ruta 19, en la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas.
Al hacer lugar al requerimiento del fiscal Carlos Gonella, se estableció a la reparación económica de las víctimas y con ese objetivo se decomisaron los bienes del sentenciado, la finca en la que funcionaba el ladrillero, vehículos y dinero en efectivo, según la información difundida por el sitio Fiscales.
Además, se dispuso el pago de una indemnización a cada una de las víctimas, estimada "prudencialmente" por el tribunal en el valor del salario mínimo vital y móvil a la fecha y durante el período de tiempo en que tuvo lugar la explotación de cada una de ellas.
El tribunal encuadró el delito bajo la figura de trata de personas agravada -por la pluralidad de víctimas, la existencia de menores de edad, el abuso de una situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación- y por la facilitación de la permanencia habitual de extranjeros en situación migratoria irregular, agravada por la minoridad de las víctimas.
El caso se había originado en 2013 con una denuncia presentada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el 7 de agosto del mismo año se realizó un allanamiento en el predio.
En ese lugar-, se rescató a hombres y mujeres (en muchos casos de nacionalidad boliviana) y menores de edad que vivían en el mismo lugar en el que desarrollaban tareas de corte y cocción de ladrillos.
En la instrucción de la causa, a cargo del fiscal Enrique Senestrari, se acreditó que los trabajadores, ninguno de ellos registrado, vivían hacinados en construcciones precarias que carecían de puertas y ventanas.
Algunas construcciones contaban con techo de chapa, en muchos casos apenas un nylon aislaba a las víctimas del exterior, mientras se veían obligados a utilizar garrafas de gas con conexiones precarias, lo que aumentaba el riesgo.
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