Expulsarán a 38 extranjeros condenados que viven en Córdoba y analizan otros 45 casos
Se trata de extranjeros que residen en la provincia mediterránea y están condenados por diferentes delitos, también se ecuentran en trámite otros medio centenar de casos.
Un total de 38 extranjeros que viven en la provincia de Córdoba y que fueron condenados por distintos delitos serán expulsados del país y otros 45 casos se encuentran en trámite, informaron hoy fuentes de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) de esa provincia.
"No van a ser expulsados inmediatamente porque aún se tienen que cumplir determinados requisitos establecidos por la ley", dijo a Télam el titular de la delegación Córdoba del organismo, Diego Puente Rosa, y explicó que antes deben purgar al menos la mitad de la condena que les impusieron.
Luego, el Juzgado de Ejecución Penal que tiene la causa debe resolver favorablemente los pedidos de expulsión.
Asimismo, el funcionario explicó que los 83 casos en estudio corresponden a condenas dictadas "en los últimos tres o cuatro años".
Si bien aclaró que se trata de "cifras normales", Puente Rosa resaltó que las expulsiones hoy tienen mayor repercusión porque estos casos se tratan con mayor rigor en estricto cumplimiento de la ley de Migraciones 25871 y el decreto complementario 70/2017, que establecen los procedimientos al respecto.
El director de Migraciones de Córdoba detalló que una vez que un inmigrante recibe una condena firme, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia debe notificar al organismo y, a partir de entonces, se inicia el trámite judicial para la expulsión.
De ser aprobada, se realiza toda la logística para el traslado del extranjero a su país por vía aérea, que es una carga pública para las empresas de transporte, añadió.
"Argentina es un país abierto a las migraciones", destacó Puente Rosa y aclaró que las expulsiones no tienen que ver con persecuciones ni discriminaciones a los extranjeros sino que se tratan de "procedimientos en cumplimiento de lo que establece la ley".
"El número de delitos es insignificante en comparación con la cantidad de residencias que se otorgan en el país", añadió el vocero, al detallar que en los últimos tres años se radicaron 649.876 extranjeros en Argentina y que en el mismo período se expulsaron por delitos a alrededor de 1.500 personas provenientes de distintos países.
En 2016, se radicaron 215.139 extranjeros, en 2017 a 212.845 y en 2018 a 221.892; mientras que en los mismos períodos se expulsaron 234, 495 y 703 inmigrantes, respectivamente, que cometieron delitos.
En el caso de extranjeros radicados en Córdoba, Puente Rosa dijo que son alrededor de 30.000 en los últimos tres años, con mayoría de venezolanos, bolivianos y peruanos.
Paralelamente, el Ministerio del Interior, en el contexto de los convenios de colaboración informativa de Migraciones con la Justicia desarrolló hoy en la sede central del organismo en Retiro, una jornada de intercambio respecto de extranjeros judicializados en el ámbito bonaerense.
El encuentro estuvo encabezado por Horacio García, titular de la DNM; Gustavo Ferrari, ministro de Justicia bonaerense, y Julio Conte-Grand, procurador general de la provincia.
Además, participaron un centenar de camaristas, jueces, fiscales, funcionarios penitenciarios y miembros de Ministerio de Justicia, según informaron voceros del organismo.
La política del Gobierno nacional contra los extranjeros que delinquen se endureció en los últimos meses y el 6 de marzo quedó establecida, por su publicación en el Boletín Oficial, una disposición de Migraciones que establece que deben presentar un certificado de antecedentes penales de los últimos diez años.
La medida había sido anunciada la semana anterior por el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y por García.
Según detallaron en esa oportunidad los funcionarios, los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina tendrán que presentar un certificado de carencia de antecedentes penales por los últimos 10 años, un plazo que no todos los países estipulaban para expedir sus certificados.
De esta manera, sin el certificado que acredite que el postulante no tiene antecedentes en la última década no podrá avanzar en el trámite migratorio.