El Gobierno denunció a la jueza que liberó al motochorro colombiano
El texto presentado ante el Consejo de la Magistratura solicita que se evalúe el desempeño de Patricia Guichandut. Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta la habían cuestionado.
El gobierno denunció ayer ante el Consejo de la Magistratura a la jueza Patricia Susana Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional N° 62, que había liberado a un "motochorro" colombiano tras pagar una fianza de 700 pesos.
El escrito fue presentado por el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial, Juan Bautista Mahiques, por pedido del ministro de Justicia, Germán Garavano.
El mismo, fue enviado al presidente del Consejo, Ricardo Recondo, al que le solicita intervención de la Comisión de Disciplina y Acusación del órgano.
Mahiques, quien representanta al Ejecutivo ante la Magistratura, hizo la presentación en el Consejo por la tarde, luego de que el oficialismo discutiera durante todo el día si era conveniente hacer esa denuncia, ya que existen dudas acerca de si podría prosperar la denuncia.
Esto sucedió luego de que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y hasta el presidente Mauricio Macri, entre muchos otros dirigentes, criticaran públicamente el accionar de la magistrada.
El miércoles pasado, la Dirección Nacional de Migraciones le notificó a Jair Steven Jurado Mora, el motochorro de nacionalidad colombiana, que dispuso su expulsión del país, luego de que fuera detenido por robar un teléfono celular en Almagro y recuperara la libertad al ser beneficiado con una probation por parte de la jueza Guichandut.
El líder del PRO se había involucrado en la polémica y había considerado que era "indignante" la decisión de la magistrada de liberar al "motochorro".
En tanto, el jefe del bloque Justicialista de senadores, Miguel Ángel Pichetto, también se mostró en desacuerdo con la "liberalización extrema de los requisitos para el ingreso de ciudadanos venezolanos" al país, que estableció el Gobierno esta semana.
"Si bien se trata de una cuestión humanitaria y hay que reconocer que durante la última dictadura militar que padecimos en nuestro país Venezuela acogió a muchos argentinos perseguidos, no podemos en la actualidad incurrir en el riesgo de que por una liberalización migratoria ingresen en nuestro país ciudadanos con antecedentes delictivos", resaltó el legislador. (Noticias Argentinas)