Desprestigio y crisis de legitimidad de la Justicia
Los mecanismos, las actitudes, los comportamientos, algunos fallos y procedimientos, las vinculaciones con otros poderes del Estado, los conflictos de intereses y hasta la corrupción se inscriben entre las razones de esta crisis de legitimidad de la Justicia argentina. Conviene celebrar que el presidente de la Corte Suprema haya tomado nota de ello. Ahora le corresponde obrar en consecuencia.
Un añejo axioma del derecho establece que "a confesión de parte, relevo de pruebas". Quizás no pueda ser aplicada la frase a todas las contiendas judiciales que se ventilan en cada uno de los tribunales del país, pero permite iniciar la reflexión acerca de las palabras del presidente de la Corte Suprema en su discurso de apertura del año judicial.
El ministro del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, reconoció que la justicia argentina "está frente a un desafío institucional que consiste en superar la crisis de legitimidad". Agregó: "Un poder judicial sin legitimidad pierde su razón de ser, pues sin ella no puede ser eficaz". Y manifestó que "no hemos llegado a nuestra situación de un día para otro, tampoco es resultado de una fatalidad, sino más bien de una combinación de factores con múltiples actores gestados de modo gradual a lo largo de mucho tiempo".
Sus palabras resonaron fuerte en los ámbitos tribunalicios. Porque se entendieron como una estocada hacia las anteriores autoridades de la Corte Suprema y también porque revelaron -quizás como pocas veces- que por fin existiría un reconocimiento de la gravedad de la crisis que afronta este poder del Estado.
En los tiempos que corren está en discusión el Estado de derecho forjado en los valores de la democracia liberal. Nuevas -algunas peligrosas- corrientes ideologías ponen en tela de juicio estos principios y destrozan los paradigmas que hasta hace poco eran la viva representación de un sistema de gobierno defensor de los derechos de los ciudadanos. Y si bien, como afirmó el presidente de la Corte, son muchos los factores que llevaron a esta situación, no cabe duda de que entre los principales se encuentra la incapacidad demostrada por muchos magistrados para cumplir con su misión de manera cabal y así atender las demandas de la sociedad.
Las palabras del titular del máximo tribunal del país aluden al profundo abismo que existe entre muchos jueces y la sociedad a la que deben servir. Dijo que "los argentinos están perdiendo la confianza en el poder judicial, hay dudas de que nos comportemos como verdaderos jueces de una democracia republicana. La solución requiere que revirtamos esta percepción, para ello tenemos que mostrar todos y todos los días que sí somos jueces de una democracia republicana". Y puntualizó que para empezar a regenerar la confianza "es preciso internalizar algunas convicciones fundantes; en primer lugar entender que pertenecer al poder judicial no es un privilegio, ser jueces o funcionarios del poder judicial no confieren derechos sino que imponen deberes y responsabilidades. Estamos para servir a la ciudadanía con una particular prestación, el derecho". Y agregó: "En segundo lugar debemos entender que para servir a la comunidad como jueces no debemos buscar el poder. La convicción de que somos poderosos, por oposición a la convicción de que somos justos y rectos no ennoblece sino que por el contrario mancilla nuestra investidura. Cuando nos concebimos como servidores e instrumentos de una función estatal imprescindible e indelegable, hay muchas cosas para hacer para recuperar legitimidad".
Los mecanismos, las actitudes, los comportamientos, algunos fallos y procedimientos, las vinculaciones con otros poderes del Estado y con quienes manejan los resortes económicos, los conflictos de intereses y hasta la corrupción más grosera se inscriben entre las razones por las cuales se ha llegado a esta crisis de legitimidad de la Justicia argentina. Conviene, entonces, celebrar que el presidente de la Corte Suprema haya tomado nota de ello. Ahora le corresponde obrar en consecuencia.