Crecimiento de la venta callejera
El panorama actual obliga a diferenciar entre modos de venta ambulante: por un lado la manejada por organizaciones ilegales que procuran solo ganancias fáciles y explotan a quienes necesitan trabajar y, por el otro, el camino que buscan muchas familias para subsistir y atravesar la crisis. A este último sector deben dirigirse todos los esfuerzos de contención.
Los barrios
de la ciudad están siendo escenario de un fenómeno social que no es nuevo, pero
que ha recobrado vigencia por imperio de la crisis económica. Cada vez son más las personas que apelan a la
venta domiciliaria de diversos productos para poder subsistir. Los rubros van
desde el pan casero, pasando por las bolsas de residuos, hasta pastelitos,
tortas, masas para pizza o pastas frescas y productos limpieza, entre
otros. También se hacen presentes
quienes ofrecen algún servicio como el
lavado de automóviles o el corte del césped y arreglo de los jardines.
Esta creciente modalidad de "rebusque" tiene su origen, en la gran mayoría de los casos, en los padecimientos económicos de muchas familias que procuran subsistir en medio de la crisis. Y que apelan a simples pero conocidos métodos de venta para obtener recursos y paliar, aunque sea en parte, el deterioro de los ingresos hogareños.
Por cierto no es un panorama que solo se da en San Francisco. En la mayoría de las poblaciones del país está aconteciendo algo similar. Por ejemplo, una crónica del Diario del Centro de la República de Villa María da cuenta de situaciones similares y otras que aún no son frecuentes en nuestra ciudad: personas ofreciendo en la calle perfumes internacionales a precios accesibles e, incluso, durante el invierno pasado una vendedora que ofrecía leños para calefaccionar las viviendas.
La primera y sustancial diferenciación que debe hacerse es que el panorama descripto no se relaciona directamente con el negocio ilegal de la venta ambulante, fenómeno ampliamente extendido en el país gracias a la falta absoluta de controles por parte del Estado. En este caso se trata de una respuesta -quizás temporaria para muchos, desesperada para otros- para afrontar este tiempo económico difícil que pone en aprietos los bolsillos familiares, en especial en los sectores más vulnerables.
Aclarado el marco, conviene recordar que el ejercicio del comercio sin autorización viola las normativas vigentes. Y es el Estado quien debe controlar la venta de productos ilegales, así como también encontrar las decisiones urgentes para aliviar la situación de las familias más perjudicadas por el deterioro económico, la inflación y la pérdida de puestos de trabajo.
No son condiciones contradictorias las expuestas en el párrafo anterior. Muy por el contrario, la función del aparato estatal debería tender al cumplimiento de las normas. Y la solidaridad-ya no solo de las reparticiones oficiales- exige atender una realidad social afligente y preocupante. Por esto, el actual panorama obliga a diferenciar claramente entre modos de venta ambulante: por un lado la manejada por organizaciones ilegales que procuran solo ganancias fáciles y explotan a quienes necesitan trabajar y, por el otro, el camino que buscan muchas familias para subsistir y atravesar la crisis.
A este último sector deben dirigirse todos los esfuerzos de contención. Una red de apoyo para quienes no pierden la esperanza de salir adelante es una obligación impostergable, tanto para los entes oficiales como para el conjunto de la comunidad.