Usurpaciones, déficit y legalidad
Resolver un problema grave como el déficit habitacional en el país, acrecentado por la explosión de la pobreza estructural no tendrá éxito si se basa en procedimientos ajenos a la legalidad. La violación sistemática de las normas no puede ser nunca la solución para un problema social.
Las usurpaciones de terrenos privados y fiscales en varios puntos del país se han constituido en un tema de debate de la política y los medios de comunicación. Como si no bastaran problemas a una Argentina cruzada por la pandemia y la debacle social y económica, las orquestadas maniobras de tomas se han esparcido por la geografía nacional. Ciertamente, los casos más resonantes se están dando en el Conurbano bonaerense y en la Patagonia andina, pero avanzan en varias otras provincias.
Luego de una primera reacción más que tímida y que evidenciaba desajustes llamativos e imprevisión frente al fenómeno, además de dejar expuestas las diferencias ideológicas profundas entre miembros de la coalición oficialista, importantes funcionarios aseguraron que las usurpaciones son ilegales y deben ser sancionadas por la Justicia.
Sin embargo, las palabras no se concatenan con los hechos que están sucediéndose en todo el país. En ningún caso, los Ejecutivos nacional y provinciales han actuado para poner coto a estas maniobras que tienen organizadores identificables, cuyos propósitos van mucho más allá de pretender que la gente que no tiene vivienda pueda acceder a ella. La elusión de responsabilidades es notoria. Algunos se amparan en que la Justicia no hace nada o justifican la ilegalidad. Otros, apelan a una ley provisoria que prohíbe los desalojos. Desde otro costado se adjudican responsabilidades a los gobiernos de otras agrupaciones políticas. Desprenderse del sayo es una costumbre bien arraigada en la dirigencia política.
No son pocos los que defienden el ingreso a estos terrenos apelando a la necesidad de una reparación de las injusticias que suponen las condiciones deplorables en las que viven importantes sectores de una comunidad. En verdad, debe admitirse que el derecho a la vivienda digna ha sido pisoteado por la ineficiencia de los gobiernos de todas las vertientes ideológicas. Quizás este último aspecto genere cierta "culpa" que permite atisbar la noción de que no existe voluntad política para poner fin al problema del déficit habitacional. Por lo tanto, aumenta la posibilidad de que los asentamientos ilegales se multipliquen.
La pasividad frente a este accionar planificado, que fuera anunciado meses atrás por algunos voceros de ciertas organizaciones sociales, ha generado lógica inquietud. La incertidumbre continuará creciendo del mismo modo que las divergentes posturas frente al fenómeno. Resolver un problema grave como el déficit habitacional en el país, acrecentado por la explosión de la pobreza estructural no tendrá éxito si se basa en procedimientos ajenos a la legalidad. La violación sistemática de las normas no puede ser nunca la solución para un problema social.